En Colombia, la Constitución de 1991 estableció en su artículo 270 que la jurisprudencia tendría valor como criterio auxiliar de la actividad judicial, razón por la cual serviría como apoyo para las determinaciones de los jueces.

Sin embargo, el avance de la interpretación judicial, llevo a que la Corte Constitucional, por vía del derecho a la igualdad empezara a otorgar a la jurisprudencia mayor valor, acudiendo al sistema de precedentes, los cuales deben ser aplicados por los jueces al momento de resolver casos que cuenten con identidad fáctica y jurídica.

Diversas discusiones se han suscitado en el país sobre la aplicación del precedente de manera obligatoria por parte de los jueces, ya que se considera que la figura es contraria a una tradición jurídica fundada en la Ley, así como que los constantes cambios en la jurisprudencia de las altas cortes generan inseguridad jurídic.3.

En virtud de dichas discusiones, se ha buscado acudir a figuras de orden legal…

como lo son la doctrina probable del artículo 10 de la Ley 153 de 1857, según la cual “Tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema, como tribunal de casación, sobre un mismo punto de derecho, constituyen doctrina probable, y los jueces podrán aplicarla en casos análogos, lo cual no obsta para que la Corte varíe la doctrina en caso de que juzgue erróneas las decisiones anteriores”, o las sentencias de unificación del artículo 270 de la Ley 1437 de 2011, que establece como “sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”.

Sin embargo, las anteriores figuras de orden legal no han generado el alcance esperado para que la jurisprudencia de las altas cortes tenga un verdadero papel integrador del derecho, pues frente a las mismas continúan las dudas sobre la forma como se debe aplicar por los jueces de instancia, pues no es claro cuando estas corresponden a precedente obligatorio.

En virtud de lo anterior, resulta destacable que el proyecto de reforma a la justicia que fue aprobado en primer debate en el Senado, contenga en sus artículos, 12°, 13° y 14° la figura de la unificación de jurisprudencia como una labor de las altas cortes, además otorgándole a este tipo de decisiones un alcance vinculante, al introducir en su artículo 8° un parágrafo al artículo 230 de la Constitución, en el que se establece que los jueces están obligados a acatar las sentencias de las altas cortes en sus determinaciones.

Los artículos del proyecto de reforma tienen el siguiente contenido:

Artículo 8o. El artículo 230 de la Constitución Política quedará así:

Artículo 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.

La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial.

Parágrafo. Los jueces en sus providencias deberán acatar las sentencias de unificación de las Altas Cortes según lo defina la ley.

Artículo 12. El numeral 1 del artículo 235 de la Constitución Política quedará así:

  1. Actuar como tribunal de casación y de unificación de jurisprudencia en los términos que establezca la ley.

Artículo 13. Adiciónense los siguientes dos parágrafos al artículo 235 de la Constitución Política, los cuales quedarán así:

Parágrafo 2. Con el fin de unificar la jurisprudencia, las distintas Salas de la Corte Suprema de Justicia podrán seleccionar procesos de conformidad con los criterios que defina la ley.

Parágrafo 3. La Corte Suprema de Justicia solo dará a conocer sus decisiones cuando estas hayan sido suscritas por los magistrados, y se hayan registrado los salvamentos y aclaraciones de voto.

Artículo 14. Adiciónense los siguientes dos parágrafos al artículo 237 de la Constitución Política, los cuales quedarán así:

Parágrafo 2. Con el fin de unificar la jurisprudencia, distintas Secciones del Consejo de Estado podrán seleccionar los procesos de conformidad con los criterios que defina la ley.

Parágrafo 3. El Consejo de Estado solo dará a conocer sus decisiones cuando estas hayan sido suscritas por los magistrados, y se hayan registrado los salvamentos y aclaraciones de voto.

Lo anterior supondría la creación de una figura única de precedente, correspondiente a las sentencias de unificación de las altas cortes, la cual sería vinculante para los jueces.

¿Qué ventajas supone esta normatividad?

Primeramente, brindaría seguridad jurídica acerca de cuales son las sentencias que constituyen precedente vinculante para los jueces, permitiendo tener certeza del derecho.

En segundo lugar, implicaría que las altas cortes deban tener una labor de unificar la jurisprudencia en aquellas materias donde sea necesario crear un verdadero precedente, es decir en donde no exista una regla legal o constitucional que resuelva el caso, sino que se requiera por parte del juez la creación de esta.

Además, conllevaría que las altas cortes tengan un mayor rigor en la creación de las reglas de unificación, para que las modificaciones a las mismas sean expresas, generando en la comunidad jurídica certeza del derecho, ya que por virtud de las normas propuestas en la reforma tendrían la categoría ya no de criterio auxiliar, sino de fuente principal de derecho.